Médicos, docentes y ciudadanía en general se manifiestan en San Salvador contra los recortes millonarios al presupuesto del Estado para 2025, que amenazan la educación y la salud pública.

Este sábado, la emblemática Plaza del Divino Salvador del Mundo en San Salvador se convirtió en el epicentro de una fuerte movilización social.

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Decenas de organizaciones de la sociedad civil y movimientos populares se reunieron para llevar a cabo una «marcha blanca», exigiendo al gobierno del presidente Nayib Bukele que reconsidere los drásticos recortes presupuestarios que afectarán a sectores vitales como la salud y la educación.

La marcha blanca se enmarca en el análisis del proyecto de presupuesto 2025, que contempla reducciones millonarias para diversas carteras de estado. Según los manifestantes, las implicaciones de estos recortes son alarmantes.

«El sector educación y el sector salud sufrirán despidos masivos, reducción de plazas y la paralización de nuevas contrataciones», advirtió Carolina Rivas, integrante del movimiento social salvadoreño.

Con gritos de protesta como «El escalafón no se negocia, se cumple» y «Sin escalafón, no hay salud ni educación», los asistentes marcharon vestidos de blanco, simbolizando la defensa de sus derechos laborales y la lucha por un mejor futuro para el país.

Señalan que el pago del escalafón, un incentivo salarial crucial para médicos y enfermeras, no está incluido en el presupuesto propuesto, lo que ha generado un gran malestar entre los trabajadores del sector.

Carlos Ramos, vicepresidente del Colegio Médico, resaltó la importancia de este pago, argumentando que su eliminación afectará la calidad del servicio de salud en El Salvador.

«Es un derecho conquistado que se debe respetar», afirmó Idalia Zúniga, representante del Frente Magisterial Salvadoreño, quien también destacó que estos recortes tendrán un impacto directo en la educación de los niños salvadoreños.

El presupuesto general propuesto asciende a 9.663 millones de dólares, pero no contempla el pago de escalafones ni incrementos salariales. Además, el recorte de más de 11,000 plazas en distintas instituciones del gobierno representa un ahorro de aproximadamente 176 millones de dólares. Esto incluye 1,119 plazas en el sector salud y 781 en el sector educativo, generando preocupación sobre el futuro de los servicios públicos en el país.

Los manifestantes también denunciaron la falta de medicamentos y la precariedad de las condiciones laborales en el sector salud, donde muchos profesionales deben comprar sus propios insumos. «No estamos dispuestos a aceptar que se nos quiten nuestros derechos», expresó Manuel Martínez, un maestro que ha visto congelar su salario durante dos años.

La marcha culminará en el Parque Cuscatlán, donde se espera que los líderes de las diferentes organizaciones expongan sus demandas de forma más amplia.

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